"Deténganlos, deténganlo-oos"

El gobierno ordenó reabrir el caso Bulacio.

    El ministro de Seguridad, Justicia y DD. HH., Aníbal Fernández, anunció el pasado miércoles que el Estado acatará las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reabrir la causa por el crimen de Walter Bulacio, y para reformar las leyes vinculadas a los arrestos de menores, y adelantó que el Estado se presentará como querellante en ese caso, por decreto de la presidenta Fernández.

    "Vamos a cumplir con cada una de las razones esgrimidas por la CIDH porque para eso somos miembros de ese organismo". Sin embargo, cuando el Estado argentino tendría que haber sido juzgado por ese organismo internacional -con la legislación de aplicación internacional- que aceptó el caso, tras la recurrencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los familiares del joven (bajo el patrocinio de la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e institucional), y seguramente condenado, acordó en febrero de 2003 una indemnización con los familiares de la víctima que se selló con las firmas del ministro de Justicia de entonces (Juan José Álvarez) y María Rosa Scavone (madre de Walter).
    Esto significó la reducción de forma sustancial los temas sobre los que la Corte tenía que expedirse: las circunstancias de la detención y la muerte del joven de 17 años, cuando intentaba ingresar al recital que brindaba el 19 de abril de 1991, en el estadio de Obras Sanitarias, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. 
    Finalmente, en septiembre del mismo año, ese organismo condenó al Estado argentino y le impuso una serie de requisitos, de los cuales sólo se satisficieron el resarcimiento económico a la familia y la publicación de la sentencia del organismo internacional. El 3 de diciembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la reapertura de la investigación del caso.
    Por otra parte, A. Fernández dijo que "se revisaron 120 documentos y 4.000 fojas" con normas vigentes en todo el país sobre las facultades de detención para ajustarlas a la recomendación de la Corte en caso de detención arbitraria de menores, exceptuando así los hechos en que hubiera una orden judicial o un delito en flagrancia.

En este sentido, también anunció dijo que firmó la resolución por la cual se instruye a la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria a "adecuar su actuación en los casos de restricción de la libertad" de los menores de 18 años, siguiendo el lineamiento de la CIDH que cuestionó las prácticas y normas que autorizan a las fuerzas policiales a detener menores por averiguación de antecedentes o establecimientos de identidad, contravenciones y operativos de detenciones masivas.

    Asimismo, señaló que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas tiene en su poder el expediente sobre la actuación del comisario Miguel Ángel Espósito, a cuyo cargo se encontraba la seccional 35, donde Bulacio fue brutalmente golpeado y asesinado, y quien fue imputado por el crimen, pero luego absuelto debido a la proscripción del caso, 30 dilaciones judiciales mediante. Una vez devuelto dicho documento, se resolverá la sanción que podría corresponderle que, podría ser su exoneración.
    Que no se trate de una máscara para cubrir las miserias del gobierno y que se continúe por la vía de la reafirmación de los derechos humanos para todos.
    Terminemos con el gatillo fácil, basta de corrupción en la policía. Como funcionarios públicos, merecen ser castigados como tales cuando abusan de su autoridad, y que siente precedente para impedir que continúen coartando nuestros derechos, porque, ¿para qué están sino para hacerlos respetar?

Canción del título: Todo preso es político, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.